El Tribunal Supremo aprueba 80 licencias VTC, el preludio de las 6.000 que están por venir en los próximos años entre Madrid y Barcelona.
No ha sido una sorpresa en absoluto: ni para el taxi, ni para su competencia más directa con forma de Uber y Cabify. Desde principios de año, el sector del transporte en España estaba esperando la resolución de una serie de nuevas licencias VTC. Un total de 6.000 permisos que permanecían bloqueados a la espera de sentencia entre julio de 2013 y noviembre de 2015 a la espera de salir a la luz.
Ahora, una sentencia del Tribunal Supremo acaba de dar un golpe al sector más tradicional del transporte: el taxi. 80 nuevas licencias VTC acaban de ser aprobadas con todos los permisos para poder entrar en funcionamiento. Una primera avanzadilla que sólo hace confirmar lo que esperaban: antes de que termine 2017 habrá, según lo planeado, 300 licencias nuevas en circulación. Lo que teniendo en cuenta todas las que hay pendientes esperando una solución, 6.000 según las estimaciones, suponen sólo la punta de iceberg. La cuestión es que después de esta sentencia, la decisión que afectará al restante de permisos ya tendrán jurisprudencia y los resultados de esos permisos pendientes están más que sabidos.
Y no era algo nuevo. Concha Guardado, portavoz de Elite Taxi en Madrid, confirma que "era algo que estaba claro en ese sentido". Según el posicionamiento de una de las gremiales más activas en lo que a lucha contra Uber y Cabify se refiere, el Gobierno ahora liderado por Mariano Rajoy estaría dejando en manos de los Tribunales una decisión que tendría efecto directo sobre la esfera política. En un posicionamiento que se entiende como "ponerse de perfil", la culpa está recayendo sobre los jueces. Con unas relaciones tensas con el equipo de Gobierno, Concha afirma que la única solución que se propone es un famoso decreto de antiespeculación que Elite Taxi considera insuficiente. Por esta razón, las diferentes gremiales están organizando una nueva manifestación el próximo 29 de noviembre.
Todas estas causas pendientes vienen del limbo legal que dejó la renovación del ROTT en 2015, cuando cientos de empresas y particulares empezaron a solicitar permisos VTC a la Comunidad de Madrid de forma masiva. El sector del taxi, en un reclamo por un terreno cada vez más pequeño, consiguió bloquear estas solicitudes que, sin embargo, una vez aprobadas por la Comunidad, sólo quedaba el visto bueno de los tribunales.
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