La investidura de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, que se celebra este viernes 20 de enero en Washington D.C., contará con fuertes medidas de seguridad ante el temor de que se produzca un atentado terrorista. Además de contar con un fuerte dispositivo policial y estrictas medidas de seguridad, la FAA ha prohibido la presencia de aeronaves no tripuladas durante el acto.
Para disuadir a los pilotos de drones de operar sus aeronaves durante esta fecha, el incumplimiento de esta prohibición podría acarrear duras sanciones económicas que podrían suponer más de 1.300 euros (en el caso de particulares) y alcanzar los 30.000 euros (si el dron infractor pertenece a una empresa). Más allá de la sanción económica que tendría el piloto infractor, con la intención de eliminar los archivos captados en la realización de un hipotético vuelo ilegal, los cuerpos de seguridad podrían llegar a requisar la aeronave y el dispositivo con el que se ha manejado la operación.
Esta sería una medida preventiva que podría evitar una acción que se encuentran barajando las fuerzas de seguridad estadounidenses: un posible ataque con productos químicos, o con cualquier otra carga de pago que pueda arrojar el dron, y que llegue a poner en peligro la integridad de los asistentes, así como la del propio Trump. Cabe recordar que este veto afecta a un radio de casi 50 kilómetros de distancia respecto al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, perímetro donde se encuentra la explanada del Capitolio, lugar de la celebración del evento.
Independientemente de la celebración del acto de investidura, la vigente normativa estadounidense, a la hora de volar aeronaves sobre núcleos urbanos es bastante restrictiva. Incluso para vuelos con carácter comercial, el riesgo que supone pilotar un dron sobre los ciudadanos y sobre edificios es real, y solo ciertas operaciones que cumplan los protocolos de seguridad pueden llevarse a cabo.
Imagen: Ania Mendrek
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Para disuadir a los pilotos de drones de operar sus aeronaves durante esta fecha, el incumplimiento de esta prohibición podría acarrear duras sanciones económicas que podrían suponer más de 1.300 euros (en el caso de particulares) y alcanzar los 30.000 euros (si el dron infractor pertenece a una empresa). Más allá de la sanción económica que tendría el piloto infractor, con la intención de eliminar los archivos captados en la realización de un hipotético vuelo ilegal, los cuerpos de seguridad podrían llegar a requisar la aeronave y el dispositivo con el que se ha manejado la operación.
Esta sería una medida preventiva que podría evitar una acción que se encuentran barajando las fuerzas de seguridad estadounidenses: un posible ataque con productos químicos, o con cualquier otra carga de pago que pueda arrojar el dron, y que llegue a poner en peligro la integridad de los asistentes, así como la del propio Trump. Cabe recordar que este veto afecta a un radio de casi 50 kilómetros de distancia respecto al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, perímetro donde se encuentra la explanada del Capitolio, lugar de la celebración del evento.
Independientemente de la celebración del acto de investidura, la vigente normativa estadounidense, a la hora de volar aeronaves sobre núcleos urbanos es bastante restrictiva. Incluso para vuelos con carácter comercial, el riesgo que supone pilotar un dron sobre los ciudadanos y sobre edificios es real, y solo ciertas operaciones que cumplan los protocolos de seguridad pueden llevarse a cabo.
Imagen: Ania Mendrek
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