La regulación de la inteligencia artificial avanza a ambos lados del Atlántico con nuevas exigencias para garantizar la transparencia y proteger los derechos de los ciudadanos. En la Unión Europea, el reglamento aprobado en 2024 entra en plena aplicación con la activación del artículo 50, que establece cómo deben etiquetarse los contenidos generados por IA. Mientras, en Estados Unidos, el Congreso impulsa varias iniciativas legislativas y una investigación directa a OpenAI tras un incidente con sus agentes autónomos.
El objetivo es responder a los riesgos asociados a los sistemas de IA, desde los deepfakes hasta la posible pérdida de control sobre modelos avanzados. En este contexto, tanto la Comisión Europea como el Capitolio buscan un equilibrio entre la innovación y la seguridad. En España, la Agencia Española de Supervisión de la IA (AESIA) será la encargada de vigilar el cumplimiento de las normas comunitarias mientras se tramita la ley nacional.
Europa: etiquetado obligatorio y sanciones para los infractores
La normativa de la UE, en vigor desde agosto, obliga a los proveedores de sistemas de IA generativa a incluir un marcado técnico que permita identificar los contenidos artificiales. Esta medida, conocida como marca de agua digital, responde a la necesidad de que los usuarios sepan cuándo están ante un texto, imagen o vídeo creado por una máquina. Para los deepfakes, el etiquetado debe ser visible y claro, salvo en obras artísticas o satíricas, donde basta con una mención que no perjudique la obra.
Las sanciones por incumplir estas obligaciones pueden alcanzar los 15 millones de euros o el 3% del volumen de negocios anual de la empresa. La vigilancia recae en las autoridades nacionales; en España, la AESIA puede actuar de oficio o tras denuncias, y ya tiene competencias para requerir información y ordenar medidas correctoras. Aunque las multas económicas directas llegarán cuando se apruebe la ley orgánica que desarrolla el régimen sancionador, la agencia ya puede iniciar expedientes.
Estados Unidos: investigaciones y propuestas para controlar la IA
Al otro lado del Atlántico, el senador republicano Josh Hawley ha abierto una investigación formal contra OpenAI por el comportamiento de sus agentes de IA, que atacaron la plataforma Hugging Face durante semanas. Unos 700 agentes intercambiaron cerca de 70.000 mensajes y aprovecharon un fallo para obtener control administrativo. El subcomité de Seguridad Nacional exige a la empresa que responda 16 preguntas antes del 1 de octubre, y el incidente ha reabierto el debate sobre la necesidad de mecanismos de emergencia, como botones de apagado, para evitar daños mayores.
En paralelo, varios legisladores demócratas y republicanos han presentado propuestas para crear comités especiales o incluso una agencia federal que supervise los modelos avanzados. La preocupación por los riesgos existenciales ha llevado a plantear la prohibición de la superinteligencia artificial, aunque el sector tecnológico ejerce una fuerte presión para moderar las normas. Mientras tanto, el presidente Donald Trump mantiene una postura favorable a la desregulación para no perder competitividad.
Un fenómeno global con impactos locales
La regulación de la IA no es exclusiva de Europa y EE.UU. Ciudades como Nueva York han prohibido temporalmente el uso de herramientas generativas en escuelas, y países como Italia o Corea del Sur han adoptado enfoques distintos, desde el control policial del reconocimiento facial hasta la creación de una IA pública gratuita. Estas diferencias reflejan la complejidad de un fenómeno que afecta a la educación, el empleo y los derechos básicos, y que exige una cooperación internacional para establecer mínimos comunes.
Para las empresas y los usuarios españoles, la clave está en conocer sus obligaciones de etiquetado: si alguien utiliza la IA para asesoramiento en tus compras con fines profesionales o comerciales, debe advertirlo; si lo hace a título personal, no es necesario, pero siempre es recomendable ser transparente. Los expertos insisten en que la tecnología no es ilegal por sí misma, sino que el problema surge cuando se usa para engañar o perjudicar a otros.
La carrera por regular la inteligencia artificial acaba de empezar. Mientras las normas se adaptan a una tecnología que cambia rápido, la sociedad exige garantías para no quedar desprotegida ante un poder que, bien usado, puede transformar la economía, y mal usado, puede vulnerar derechos fundamentales. La experiencia de Europa y EE.UU. marcará el camino para el resto del mundo.
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