El magistrado no ha proporcionado detalles sobre la solicitud del pasado jueves, dónde el gobierno solicita que obligue a Apple a ayudar. James Orenstein sólo indicó que el gobierno tenía una orden para confiscar los dispositivos, pero no para poder acceder a la información, y que no se puede obligar a Apple a romper dicha barrera. Lo que queda claro es que hay una ausencia clara de legislación sobre el asunto. Durante meses el gobierno de Obama ha estado lidiando con la cuestión del acceso a la información cifrada en el dispositivo, instando a Apple y Google a construir backdoors en su cifrado con el que los funcionarios puedan acceder a la información.
Se ha introducido parte de legislación para prohibir exactamente lo que el gobierno está solicitando, y éste hecho es importante, ya que muestra como no hay acuerdo entre las diferentes partes en lo que se refiere al asunto de la privacidad en Estados Unidos. Seguramente no estemos ante el último capítulo de esta serie por lo que seguiremos atentos.
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