La lucha entre el Ayuntamiento de Barcelona y Airbnb sigue abierta y, por lo que parece, no tiene un final feliz para los segundos.
38 de 604 órdenes de clausura. Ese es el número exacto de viviendas turísticas de Airbnb que Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, ha conseguido cerrar después de meses de amenazas y multas. Los problemas de afluencia turística por los que pasa Barcelona, los rumores de especulación, problemas de convivencia por las quejas de los vecinos y, sobre todo, el encarecimiento de la vivienda -más de lo normal- siguen siendo los puntos clave para posicionarse en contra de la empresa. Pero no es suficiente.
Las multas podrían llegar a 600.000 euros si no se cumple la normativa de licenciasLa startup californiana de alquiler de viviendas no pasa por su mejor momento. En San Francisco se encuentran de juicios para evitar la ley impuesta por el Gobierno de la ciudad, en Nueva York están a punto de perder gran parte de sus ofertas por otra ley que va en contra de su actividad. Berlín ha hecho lo propio. Madrid, que aunque recientemente ha tenido que retirarse de la lucha contra Airbnb por la decisión de un juez, no ceja en un intento de terminar con su actividad. Y, por último, Barcelona que ha pasado de unas multas de 60.000 euros a unas de 600.000 según ha anunciado el consistorio tras reunirse este martes de urgencia para buscar una solución al "problema". Su objetivo es lanzar un plan de choque para terminar, de una vez por todas, con el anuncio de pisos sin licencia y recaudar todos esos impuestos que, de momento, solo imaginan. Y si bien la culpa es de los propietarios de la vivienda, el aviso se ha hecho directamente en contra Airbnb y HomeAway. Su relación, desde luego, no es amistosa.
Según los portavoces del Ayuntamiento, que no llevan el recuento de las multas efectuadas, muchos usuarios prefieren pagar la suma impuesta y seguir con su lucrativa actividad. Aunque es bastante dudoso el hecho de que el alquiler de para tantas multas y aún así siga siendo rentable. Para reforzar los controles sobre los pisos turísticos, el plan pasa por aumentar la plantilla de "revisores" que, además, preguntarán a vecinos y comerciantes de las zonas con más número de viviendas en duda legal sí existe alguna actividad turística remarcable. Y, por tanto, ilícita. Empieza la caza de brujas de los usuarios de Airbnb.
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