Parece que tenemos novedades sobre la iniciativa Stop Destroying Videogames (Alto a la destrucción de los videojuegos). Esta iniciativa ciudadana europea, lanzada hace un tiempo, proponía que los distribuidores de videojuegos en la Unión Europea estén obligados a mantener los juegos en un estado funcional para los consumidores. Ahora hay novedades, aunque desgraciadamente no son muy positivas.
Y es que la Comisión Europea ha respondido a la iniciativa ciudadana “Stop Killing Games”, que reunió cerca de 1,3 millones de firmas para pedir normas que obliguen a mantener los videojuegos jugables tras el cierre de sus servidores, un debate impulsado por casos como el de The Crew. Sin embargo, el organismo ha concluido que no puede exigir legalmente que los juegos sigan siendo accesibles una vez retirados del mercado, debido a limitaciones de las leyes de propiedad intelectual.
En su lugar, trabajará junto a la industria y asociaciones de consumidores en un código de conducta voluntario para gestionar el “final de vida” de los juegos, sin carácter obligatorio. La Comisión defiende que las actuales normas podrían fomentar prácticas más responsables, pero la medida ha sido recibida como insuficiente por quienes pedían garantías reales de preservación… Muchos analistas creen que los efectos negativos podrían multiplicarse en el futuro.
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Y es que la Comisión Europea ha respondido a la iniciativa ciudadana “Stop Killing Games”, que reunió cerca de 1,3 millones de firmas para pedir normas que obliguen a mantener los videojuegos jugables tras el cierre de sus servidores, un debate impulsado por casos como el de The Crew. Sin embargo, el organismo ha concluido que no puede exigir legalmente que los juegos sigan siendo accesibles una vez retirados del mercado, debido a limitaciones de las leyes de propiedad intelectual.
En su lugar, trabajará junto a la industria y asociaciones de consumidores en un código de conducta voluntario para gestionar el “final de vida” de los juegos, sin carácter obligatorio. La Comisión defiende que las actuales normas podrían fomentar prácticas más responsables, pero la medida ha sido recibida como insuficiente por quienes pedían garantías reales de preservación… Muchos analistas creen que los efectos negativos podrían multiplicarse en el futuro.
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