El ejecutivo francés quiere prohibir Tor y cerrar las redes WiFi públicas en estado de emergencia.
En medio del debate sobre el cifrado de las comunicaciones tras los atentados de París, el gobierno galo está barajando una serie de medidas que no hacen más que avivar el debate sobre la privacidad y anonimato en la red. Entre las más destacables: cerrar el grifo de las WiFi públicas abiertas y la prohibición del uso de herramientas como Tor, según se han hecho eco en Hackers News.
A raíz de un informe interno del Departamento francés de Libertades Públicas y Asuntos Jurídicos (DLPAJ) dependiente del Ministerio del Interior, resaltan dos proyectos de ley sobre el tema. El primero, uno centrado en cambios sobre la legislación actual del estado de emergencia, y el segundo, sobre cambios en la legislación sobre la lucha contra el terrorismo, se citan estas medidas que vienen directamente a culpar a la herramientas y no a los usos de la mismas, con la vista puesta sobre todo a abrir la puerta de las redes de cifrado y a la obligación, por parte de las empresas de tecnología y comunicación, a entregar al gobierno las claves de cifrado para que los cuerpos y seguridad del estado tengan acceso, en caso de necesidad, a las comunicaciones cifradas.
La prohibición de Tor se extendería más allá del estado de emergenciaAdemás, en el caso de las redes WiFi públicas, también incluye la posibilidad de que los propietarios de las mismas puedan enfrentarse a acciones penales en caso de no ser desconectadas con acuerdo a la ley, una medida en la que la policía se escuda dada la supuesta dificultad de rastrear a usuarios en aquellos casos en las que las redes que proveen conexión están abiertas. Eso sí, el cierre de las WiFi públicas solo estaría determinado por el anuncio de un estado de emergencia, y nunca de forma permanente y arbitraria, según recoge el diario francés Le Monde.
Más grave es el caso de la prohibición de uso de Tor que recoge este proyecto de ley, puesto que sería extensible de forma permanente y no sujeto a la posible declaración del estado de emergencia, obligando además, y en todo caso, a la entrega de llaves de cifrado a la policía por parte de los proveedores de emergencia, algo que tal como recoge la propia ley, podría directamente violar la actual constitución francesa, necesitando de una herramienta legal más potente que un mero cambio legislativo y oteando la modificación constitucional en el horizonte.
De momento, la ventana para la presentación de este proyecto de ley está abierta para 2016, aunque por ahora lo único que hay seguro son las intenciones del ejecutivo para cercar aún más las comunicaciones cifradas.
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