La tecnológica Meta, dueña de Facebook, Instagram y WhatsApp, se enfrenta desde esta semana a uno de los mayores desafíos legales de su historia en un tribunal federal de Oakland, California. Una coalición de 29 estados de Estados Unidos la acusa de haber diseñado deliberadamente sus plataformas para generar adicción entre los más jóvenes, recopilar datos de menores sin consentimiento paterno y ocultar los riesgos para la salud mental de niños y adolescentes. La demanda, presentada en 2023, reclama una indemnización que podría alcanzar los 1,4 billones de dólares, una cifra cercana al valor bursátil de la compañía, aunque los estados han indicado que una cantidad más probable rondaría los 200.000 millones de dólares.
El proceso, que arrancó con la selección del jurado y los alegatos iniciales esta semana, está presidido por la jueza Yvonne Gonzalez Rogers, la misma que lleva el caso de Elon Musk contra OpenAI. Se espera que el juicio se prolongue entre seis y siete semanas, con un veredicto previsible para octubre. Los fiscales generales de California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey ejercen como acusación principal en nombre de la treintena de estados, y han comparado este momento con las demandas contra las tabacaleras en los años 90, cuando las multas multimillonarias transformaron la industria del tabaco.
Qué se le reprocha exactamente a Meta
La acusación sostiene que Meta implementó a sabiendas funciones como el desplazamiento infinito, las notificaciones constantes, los botones de «me gusta» y los algoritmos de recomendación para mantener a los usuarios jóvenes enganchados a la pantalla el mayor tiempo posible. Los fiscales aseguran que la compañía priorizó el lucro publicitario por encima del bienestar de los menores, y que llegó a recopilar información personal de niños menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, lo que vulneraría la Ley de Protección de la Privacidad Infantil en Línea (COPPA).
Además, la demanda de 233 páginas sostiene que Meta engañó al público sobre los peligros de sus plataformas, ocultando investigaciones internas que ya alertaban del impacto negativo en la salud mental de los adolescentes. Los estados exigen la eliminación de los datos recopilados ilegalmente, así como el rediseño de las funciones adictivas, incluyendo límites de tiempo estrictos para menores, la prohibición de la reproducción automática de vídeos y el fin de las notificaciones push.
La defensa de Meta: «No existe la adicción a las redes sociales»
Meta ha rechazado todas las acusaciones y califica las reclamaciones económicas de «enormemente desproporcionadas» e «infundadas». La compañía argumenta que la adicción a las redes sociales no es un diagnóstico psiquiátrico reconocido, y que los fiscales no aportan pruebas de que ningún usuario haya sido engañado o perjudicado directamente por sus plataformas. En un comunicado, un portavoz de Meta señaló que los estados «intentan penalizar a Meta por problemas que afectan a todo el sector, como la verificación de edad».
La defensa también ha invocado la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, que protege a las plataformas de ser consideradas responsables del contenido de terceros, y la Primera Enmienda. Se espera que Mark Zuckerberg, CEO de Meta, y Adam Mosseri, responsable de Instagram, declaren durante el juicio, junto a antiguos empleados que se han convertido en denunciantes e investigadores especializados en el impacto de las redes sociales en la juventud.
Un historial de derrotas judiciales
Meta llega a este macrojuicio después de varios reveses en los tribunales. El pasado 6 de agosto, un juez de Nuevo México condenó a la compañía a pagar 567 millones de dólares a un fondo de salud mental para jóvenes, además de imponerle cambios en el funcionamiento de sus redes sociales, como la eliminación del recuento de «me gusta» para menores de 18 años y la limitación de las notificaciones. El magistrado Bryan Biedscheid definió entonces a Meta como una «molestia pública» y comparó sus efectos nocivos con los del aire contaminado de una fábrica.
En marzo, un jurado de Los Ángeles también ordenó a Meta y a YouTube pagar 6 millones de dólares a una joven de 20 años que aseguró haberse vuelto adicta a las redes sociales cuando era niña, lo que le causó depresión y pensamientos suicidas. La compañía ya ha anunciado que apelará ambas sentencias, pero los expertos consideran que estos fallos sientan un precedente peligroso para el caso de Oakland. Actualmente hay más de 10.000 demandas individuales y casi 800 de distritos escolares pendientes en todo el país contra las grandes tecnológicas por daños a la salud mental juvenil.
El impacto económico y el gasto en inteligencia artificial
El coste de esta batalla legal ya se está notando en las cuentas de Meta. La compañía reportó 2.400 millones de dólares en gastos legales solo en el segundo trimestre de 2026, lo que contribuyó a una caída del 14% en sus beneficios trimestrales, a pesar de que la facturación aumentó un 28% hasta los 60.801 millones de dólares. Los analistas señalan que la empresa depende en gran medida de su negocio publicitario, que representa el 98% de sus ingresos, para financiar sus enormes inversiones en inteligencia artificial, que podrían alcanzar los 145.000 millones de dólares este año.
El fiscal general de Nuevo México, Raúl Torrez, que lideró la demanda contra Meta en su estado, ha advertido de que las consecuencias para la compañía podrían ser «astronómicas» si se aplica el mismo argumento en estados más poblados como California, Florida o Texas. «Estamos hablando de una fuerza potencialmente enorme y capaz de transformar el mercado», declaró a CNBC. Por su parte, Julia Powles, directora del Instituto de Tecnología, Derecho y Política de la UCLA, subraya que «California es más importante que cualquier otra jurisdicción en Estados Unidos», ya que es donde Meta está sujeta al mayor alcance legal y es una jurisdicción vigilada a nivel mundial.
El contexto europeo y español
Mientras en Estados Unidos se libra esta batalla judicial, en Europa también se están tomando medidas para proteger a los menores en el entorno digital. En España, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que la ley para proteger a los menores en entornos digitales podría aprobarse «a la vuelta del verano». Esta normativa impediría el acceso a redes sociales a menores de 16 años cuando el contenido sea perjudicial, y pondría la responsabilidad en las grandes plataformas, que deberán garantizar un entorno seguro y gestionar ellas mismas los límites de uso.
Rego se muestra más partidaria de la regulación que de la prohibición pura y dura, y aboga por acompañar a las familias con mecanismos pedagógicos dentro de la Estrategia Nacional de Entornos Digitales Seguros. La ministra también ha pedido ser más rígidos con el acceso de menores a plataformas que funcionan con algoritmos opacos y poco transparentes, en línea con las demandas que se están planteando en los tribunales estadounidenses. Esta ley forma parte de un paquete más amplio que incluye la Ley Orgánica para el buen uso y gobernanza de la inteligencia artificial y la nueva Ley del derecho al honor.
El juicio contra Meta en Oakland no solo determinará el futuro de la compañía, sino que podría sentar un precedente global sobre cómo las redes sociales deben operar con los usuarios más jóvenes. La presión regulatoria y judicial se intensifica en ambos lados del Atlántico, y las grandes tecnológicas observan con atención un caso que podría redefinir para siempre la relación entre las plataformas digitales y la infancia. Con más de 10.000 demandas individuales pendientes y una opinión pública cada vez más sensibilizada, el desenlace de este proceso marcará un antes y un después en la industria, mientras los gobiernos de todo el mundo buscan soluciones para proteger a los menores sin frenar la innovación tecnológica.
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