Noticia Scytl, la tecnológica electoral española, levanta 12 millones de euros

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Veremos cuáles son las siguientes elecciones en las que participa.


El negocio electoral se está volviendo más que lucrativo o, al menos, su futuro desde el punto de vista del voto digital. La compañía española Scytl, presente en gran parte de los comicios importantes a nivel mundial, acaba de cerrar una nueva ronda de financiación por un valor total de 12 millones de euros. Con esta operación, los rumores del mercado apuntan a que la tecnológica ya tiene el honor de estar valorada en unos 300 millones de euros aproximadamente.

Esta sería la quinta ronda de financiación que consigue cerrar la empresa; un total de 113 millones de dólares de siete inversores que han revalidado su presencia en el accionariado de la compañía.

La empresa, centrada en los procesos electorales, supo ver un nicho de mercado en un sector que, hasta la fecha, había estado controlado por grandes compañías. Original de Barcelona, pero criada en Estados Unidos, consiguió, en inusitado movimiento, desplazar a Indra en la gestión de las elecciones generales de 2015, después de haber estado en las del Parlamento Europeo. Tampoco se quiso quedar con el voto electrónico como único recurso de ingresos; este sistema es, de hecho, el futuro de los procesos electorales pero aún dista bastante de ser una realidad por las sospechas que suscita este tipo de procesos. Se metió también en la línea de negocio de las encuestas digitales y las consultas ciudadanas en una colaboración con Telefónica. Para 2017, este mismo año, también tenían la intención de preparar su salida a bolsa y empezar a cotizar en el Nasdaq, –aunque sus ingresos a la baja de 2014, 23,5 millones de euros aproximadamente, han puesto en peligro este movimiento–. Pero ahora, con sus nuevos millones y mientras superan el bache, se quiere adentrar en el terreno más lucrativo de todos: los procesos "electorales" del sector privado, vinculándose a empresas que puedan financiar mucho mejor su actividad respecto a los contratos públicos que son de carácter puntual.

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